Análisis a Fondo

Francisco Gómez Maza

 

Renuncia funcionario policial de Michoacán por presunto torturador

Video acusa de torturador al gobierno y de solapador a la CNDH

Poco a poco va destapándose el estercolero en el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014.

La Oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU y organizaciones acompañantes de las familias de los normalistas llamaron la atención sobre la impunidad en la que se mantiene la tortura, perpetrada por funcionarios encargados de las indagatorias en el caso Ayotzinapa, tras la difusión, por el diario El País, de un video del interrogatorio y tortura a una persona detenida.

Serapaz, Tlachinollan, Fundar y el Centro Prodh, organizaciones acompañantes de las familias de los 43, señalaron que este material gráfico confirma que la investigación de la desaparición de los normalistas recurrió a prácticas violatorias a derechos humanos.

Tan grave es la difusión del video de marras, que inmediatamente renunció el subsecretario de SSP del gobierno de Michoacán, Carlos Gómez Arrieta, implicado en la tortura. Su voz es la que se escucha en la grabación, interrogando y torturando a un testigo sobre la desaparición de 43 estudiantes normalistas.

La Secretaría de Seguridad Pública michoacana publicó, en su cuenta de Twitter, que el subsecretario renunció con el fin de facilitar y atender las investigaciones que se deriven. Además, reiteraron su disposición para ayudar en las indagatorias relacionada con el caso de Ayotzinapa. Inmediatamente fue designado su relevo:

Aparentemente, en el video difundido se escucha la voz del subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, quien entonces se desempañaba como jefe de la Policía Federal Ministerial de la desaparecida PGR. Y organizaciones defensoras de los derechos humanos, luego que fuera difundido el video, acusaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de encubrir estos actos.

Las ONG indican que la Recomendación 15VG/2018, para la que la CNDH se tardó más de cuatro años, indica que el organismo analizó 72 casos de detenidos que acusaron ser víctimas de tortura; sin embargo, concluyó que sólo en ocho hubo tal práctica.

Fue en la noche del 26 de septiembre y madrugada del 27, hace 5 años, que se registró la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa, que se dirigían a protestar contra el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, que rendiría un informe de Gobierno, junto a su esposa María de los Ángeles Pineda. Abarca y su esposa están presos, por la desaparición de los normalistas.

En aquel momento, la Procuraduría General de la República realizó un sinnúmero de detenciones. Muchos de los inculpados denunciaron en su momento que habían sido torturados para que confesaran un delito que no cometieron. Entre ellos está el caso de Carlos Canto, cuyo video fue revelado la semana pasada, que ha despertado el fantasma de la tortura en el caso. En el video, se ve a Carlos Canto vendado de los ojos y maniatado, a quien le ponen una bolsa de hule en la cabeza.

“La fallida actuación de la CNDH en este rubro es consistente con su deficiente aproximación a la investigación de la tortura en México, caracterizada por encuadrar como tratos crueles casos donde la tortura es manifiesta y flagrante; por ello, (el video) confirma también los sesgos y limitaciones de su recomendación”, señalan el Centro Prodh, Tlachinollan, Fundar y Serapaz. “Acredita que la CNDH encubrió esta práctica con una recomendación que no es fiable”.

La Oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU y organizaciones acompañantes de las familias de los normalistas llamaron la atención sobre la impunidad en la que se mantiene la tortura perpetrada por funcionarios encargados de las indagatorias en el caso Ayotzinapa, tras la difusión del.

La ONU-DH condenó categóricamente los actos de tortura y reiteró el principio inderogable de la prohibición absoluta de la tortura. “Tal como lo mencionó la Alta Comisionada de la ONU-DH, Michelle Bachelet, en su reciente visita a México, la tortura no tiene cabida en un Estado comprometido con los derechos humanos”, recordó Jan Jarab, Representante de la ONU-DH en México.

El caso de la tortura a la persona mostrada en el video fue documentado por la ONU-DH en su informe “Doble Injusticia: informe sobre las violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”. Esta persona fue detenida por elementos de la Policía Federal Ministerial y de la Secretaría de Marina (SEMAR) y su caso es uno de los 34 en que la ONU-DH encontró fuertes elementos de convicción que indican la comisión de actos de tortura, además de otras violaciones a derechos humanos. Este caso también se hizo del conocimiento del Estado mexicano desde julio de 2015 por cuatro Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y en febrero de 2017 en el Informe de seguimiento a su misión a México del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan Méndez.

“En respuesta a señalamientos como el de la ONU, la Procuraduría General de la República (PGR) -hoy Fiscalía General de la República- negó haber construido la llamada “verdad histórica” con base en torturas y afirmó que solamente verificó vejaciones en 2 casos. Empero, a más de cuatro años ni siquiera en esos dos casos aceptados se ha actuado legalmente contra los responsables. Esa inercia se ha sostenido incluso en el tránsito hacia la FGR, ya en esta administración”, denunciaron las organizaciones acompañantes.

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